El progreso intergeneracional se ha detenido irremediablemente. Estábamos condenados a vivir mejor que nuestros padres por la misma razón que ellos alcanzaron un nivel de prosperidad superior al de nuestros abuelos. Pero lo que parecía una constante histórica se ha malogrado con nuestros hijos. Si de algo podemos estar seguros es que la generación más preparada, la que estaba llamada a superar a todas las anteriores, no ganará la carrera.
Lo que está pasando con nuestros jóvenes tendría que ocupar nuestra atención más allá de esas alarmas sobre macrobotellones con la que últimamente nos abruma un telediario sí y otro también. Al parecer, los padres deben de impedir que sus retoños se reúnan con sus colegas y beban, que es por otra parte el mismo deporte al que, más silenciosamente, bien es cierto, nos dedicamos una inmensa mayoría cuando estamos con amigos. Apartemos a nuestros hijos del alcohol, sí, pero empecemos a pensar cómo afrontarán las incertidumbres del futuro quienes sólo han conocido esa provinciana opulencia de clase media en la que se han criado.
Siendo como somos incapaces de ver con nitidez lo que ocurre delante de nuestras propias narices, bastaría con echar una mirada a lo que sucede en Francia para dibujar los contornos de esta crisis existencial que afecta a los escalones más bajos de la pirámide de población. Si ayer eran los jóvenes de los suburbios los que prendían desordenadamente fuego a un sistema que les reserva una suite con vistas a la marginación y el desempleo, hoy son los estudiantes los que se revuelven contra una pomposa “ley de Igualdad de Oportunidades” que se asemeja mucho a los salvavidas que lanza un trasatlántico cuando se aleja.
Desde España habría que observar con preocupación los efectos que ha provocado ese contrato de primer empleo (CPE) que el atildado Villepin se ha sacado de la manga para “reducir el paro y ofrecer perspectivas de futuro a los jóvenes”, dicho sea en palabras de su ministro de Trabajo, Gérard Larcher. Porque sin duda es preocupante que el dichoso CPE, un contrato indefinido diseñado especialmente para jóvenes menores de 26 años con un período de prueba de dos años en el que podrán ser despedidos sin causa que lo justifique, signifique un avance respecto a la situación que aquí padecen sus coetáneos.
El 53% de los jóvenes menores de 30 años que trabaja en España tiene un contrato temporal, veinte puntos más que esa ya de por sí escandalosa tasa de precariedad que afecta al conjunto de los ocupados. Como bien sabe José María Cuevas, muy preocupado él por si el Gobierno le impide vender sus acciones de Endesa a los alemanes de E.ON, no es posible encadenar contratos temporales. Pero en esta tierra de pícaros un trabajador puede estar ligado quince años a una misma empresa en esas mismas condiciones por la aplicación abusiva o sencillamente fraudulenta de los contratos de obra o servicio.
Un reciente informe del Consejo Económico y Social sobre el papel de la juventud en el sistema productivo español destaca que, pese al crecimiento económico y la mejora de empleo de los últimos años, se ha producido un retroceso en la inserción laboral de los jóvenes. Así, mientras que la tasa de actividad de éstos es similar al promedio europeo, el paro es mucho más alto. El informe incide tanto en la alta temporalidad como en la corta duración de los contratos temporales, el elevado peso en el empleo de los jóvenes de ocupaciones de baja cualificación –mayor que en el resto de Europa- y la fuerte separación entre estudios y trabajo: quienes trabajan o buscan empleo no siguen estudiando y viceversa.
La circunstancias no son mucho más favorables para aquellos que han acabado sus estudios universitarios, hablan varios idiomas, han forrado sus paredes de cursos de postgrado y se han lanzado a la búsqueda de empleo. Excepcionalmente retratados en un reportaje publicado por el diario El País en octubre de 2005, se les conoce desde entonces como los ‘mileuristas’, la generación de los mil euros al mes. La nueva clase social no ahorra, comparte piso de alquiler y no se plantea tener unos hijos que no podría mantener. Son los pobres más instruidos de la historia.
Entre los ‘mileuristas’ es común desempeñar trabajos que poco o nada tienen que ver con sus estudios y que sus contratos sean temporales. Muchos de ellos creen imposible formar una familia como la de sus padres. Viven al día. Algunos siguen estudiando eternamente…
Nuestros entrañables liberales tienden a explicar de manera muy particular algunos de estos acontecimientos. Las revueltas en Francia son, a su entender, pataletas de niños ociosos y de unos sindicatos holgazanes que querrían perpetuar la maldita jornada de 35 horas semanales. Para ellos, el CPE es un tímido paso en la desregulación de un modelo laboral anquilosado y repleto de privilegios. En España ya no reclaman el despido libre –porque ya existe- sino abaratarlo, y defienden, lógicamente, la libertad de los empresarios para contratar por un día o por diez, que mejor es eso que nada para un parado, ya sea joven o viejo. Como los liberales suelen ser muy liberales confían el trabajo de sus hijos al libre mercado, esto es, colocarles en las empresas de otros amigos liberales, en la suya propia o montarles directamente el negocio, porque los chicos están muy preparados, que para eso han ido a estudiar fueran tres o cuatro master. ¿Mil euros? Pero de qué vas…
Así que si nuestros jóvenes se quejan es de vicio. Que trabajen como lo hicimos nosotros, que pidan, si pueden, hipotecas de 50 años –que son las que están ahora de moda- para comprarse el apartamento de 50 metros cuadrados de sus sueños, que recen para que todavía haya pensiones cuando se jubilen y que sean felices. ¿Y el botellón? No jodas, que lo ponen todo perdido y es muy malo para la salud.
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